La semana pasada salió en la prensa que, en un concesionario abandonado en Jerez de la Frontera, se había encontrado también todo tipo de documentación confidencial al alcance de todo el mundo.
Se trataba de documentos con datos de los que fueron clientes del antiguo concesionario Seat, cosa que podría suponer una multa de entre 40.001 y 300.000 euros para el responsable de los mismos, debido a una infracción de la Ley de Protección de Datos.
Esto es un ejemplo de más de mala práctica en la que, desgraciadamente, todavía pueden incurrir algunas empresas. Para según qué archivos, no es suficiente destruirla con pequeñas trituradoras de oficina, y mucho menos tirarla a la basura sin control alguna. Pueden contener información que, en caso de llegar a manos de la competencia, podría hacer perder reputación a nuestra empresa y suponer un problema.
Destrucción confidencial de documentos en Baleares
El artículo 9 de la Ley de Protección de Datos debido especifica que «el responsable del fichero, y, en su caso, el encargado del tratamiento, deberá adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado», algo que en el caso del concesionario parece no cumplirse.
De igual manera, en el artículo 10 de la misma ley se especifica la obligación del deber de secreto sobre los documentos, teniendo «el deber de guardarlos incluso una vez terminada la relación contractual».
Estas posibles infracciones son consideradas ‘graves’ por la Ley de Protección de Datos, lo que supondría una multa económica que podría ascender hasta los 300.000 euros.
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